Lawrence.- En su visita la semana pasada, la vicegobernadora Kerry Healey no solo escuchó las preocupaciones de residentes, alcaldes y representantes del Valle del Merrimack, sino que la ocasión sirvió también para promocionar el plan económico del gobernador Mitt Romney.

La audiencia se realizó el jueves en la tarde en el salón del Concejo Municipal de Lawrence.

Healey aseguró a oficiales electos del área que bajo el “paquete” de Romney los municipios sufrirán menos que bajo la propuesta de la Casa de Representantes. Como ejemplo, ella citó los esfuerzos que está haciendo su administración de fusionar varios departamentos para abaratar el costo de mantenimiento de las agencias gubernamentales de manera que las ayudas a los municipios no se vean tan afectadas.

La vicegobernadora criticó duramente el plan de la Casa de Representantes. “No hay necesidad de estar encarando esta clase de recortes tan severos. La forma que la Casa (de Representantes) ha estructurado los recortes es desigual”, dijo la funcionaria.

El presupuesto sugerido por la Casa de Representantes está siendo debatido, principalmente porque propone $150 millones en recortes a la educación. El plan que propone Romney incluye un aumento en ayudas a las escuelas de $70 millones. En total, el presupuesto del gobernador es de $22.9 billones. Bajo su plan, los recortes en ayudas locales serían de $232 millones entre las municipalidades de todo el estado.

Durante la reunión el concejal del Distrito D, Nicholas J. Kolofoles, le preguntó a Healey si los $110 millones para la construcción de la nueva escuela superior estarían asegurados. “El plan de Romney conservará $22 millones en reembolsos estatales para el fondo de Asistencia para la Construcción de Escuelas”, fue la respuesta de la vicegobernadora.

El plan del gobernador intenta privatizar algunos de los colegios estatales, eliminar el Massachussets Turnpike Authority y aumentar varias cuotas estatales.

A pesar del debate sobre el presupuesto, la funcionaria se mostró confiada que el presupuesto será aprobado en junio, sin atrasos, debido a la crítica situación por la que atraviesa el Estado.