De un solo martillazo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos condenó recientemente a millones de trabajadores indocumentados a trabajar sometidos al maltrato y los abusos de las empresas y patronos inescrupulosos que se aprovechan de su situación legal.

El veredicto determinó que los trabajadores indocumentados en este país no gozan ante la ley de las mismas protecciones que los empleados estadounidenses legales aún cuando son despedidos injustamente de sus puestos de trabajo.

La sentencia se emitió durante el juicio en el que estaban involucrados la fábrica de Plástico Hoffman y la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB). Esta agencia, solicitaba a los tribunales que la empresa le pagara al trabajador mexicano José Castro, 67 mil dólares en salarios atrasados.

Castro, indocumentado, había sido despedido de la empresa californiana cuando trataba de organizar un sindicato.

Los jueces se pronunciaron en contra de obligar a la empresa a pagarle a Castro, alegando que esa decisión violaría las leyes migratorias del país. Amparándose en el cumplimiento de esta legislación, los jueces olvidaron la ley suprema de toda sociedad: la protección del ser humano, más allá de su condición social o ciudadana.

Gracias a este dictamen, los trabajadores indocumentados no podrán ser defendidos ni representados por las uniones sindicales y más que nunca, quedarán expuestos a todo tipo de vejaciones por parte de sus empleadores, que ahora cuentan con un precedente legal para perpetuar sus injusticias.

La vergonzosa decisión de los 9 jueces de la Suprema Corte – 5 votaron a favor y 4 en contra- parece ignorar a los 11 millones de trabajadores indocumentados que existen en Estados Unidos, muchos de los cuales realizan el trabajo sucio que los trabajadores americanos no quieren realizar en las fábricas y centros laborales mal pagadas, insalubres y de alto riesgo que hay en el país.

A pesar que son ilegales, estos inmigrantes indocumentados cumplen sus labores con sacrificio y dedicación, contribuyendo a la riqueza de las empresas en las que trabajan y por ende, del país en el que viven.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han alzado su voz en contra de esta injusta y retrógrada legislación. También el senador demócrata Edward Kennedy se ha comprometido en empujar una ley que anule el veredicto de los jueces.

Por su parte, el Departamento de Trabajo ya se pronunció públicamente respecto al caso y envió un mensaje claro y rotundo a los empleadores: las leyes se harán cumplir vigorosamente para proteger a todos los trabajadores inmigrantes, incluyendo a los ilegales, de cualquier forma de abuso y explotación, tal como lo establecen las normas vigentes.

Felizmente, la última palabra aún no está dicha.