El derecho al voto y a la representación política de los latinoamericanos residentes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde viven alrededor de 35 millones de latinos, es un tema de capital importancia en la actualidad tanto para los países de América Latina como para las comunidades hispanas dispersas en el mundo.

En los últimos años, este sentido reclamo se ha convertido en bandera de lucha de millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos.

En la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos y los partidos políticos reconocen el derecho de sus paisanos de votar en el exterior. Y, con razón. Nadie puede negar la tremenda contribución que tienen en las economías nacionales estos conglomerados humanos que residen en el extranjero.

El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana son los cinco países de América Latina que mayor volumen de remesas reciben de sus compatriotas residentes en Estados Unidos. Con ese dinero que remiten a su tierra, esos inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, no sólo mantienen a sus familias sino a la empobrecida economía regional.

El año pasado, los inmigrantes de México, Centroamérica y la República Dominicana enviaron a sus países de origen más de 9.5 miles de millones de dólares en remesas, cifra 50% más alta que las exportaciones agropecuarias de esos países y equivalente a las dos terceras partes de sus ingresos por turismo.

Al mismo tiempo, las remesas de los inmigrantes son una fuente importante de ingresos para las empresas privadas de sus países. En República Dominicana, por ejemplo, más del 70 % de la industria de la construcción se mantiene en pie gracias a las construcciones que se realizan con el dinero proveniente de las remesas.

Más allá de la satisfacción de ayudar a sus seres queridos, los inmigrantes no reciben nada a cambio de su participación en la economía nacional.

Por el contrario, los gobiernos tienden a desatender las necesidades que tienen los compatriotas que viven en el exterior. La mayoría de los inmigrantes se quejan de la calidad de los servicios consulares y, en otros casos la falta de interés en solucionar los problemas migratorios.

En respuesta a esa indiferencia, desde hace unos años las comunidades latinoamericanas que viven en Estados Unidos vienen exigiendo a los gobiernos de sus países ser tomados en cuenta a la hora de las grandes decisiones. Recientemente, los mexicanos realizaron un boicot de remesas para presionar al gobierno de Fox a que conceda finalmente el derecho al sufragio. También los dominicanos, salvadoreños, hondureños, chilenos y guatemaltecos, entre otros, están realizando intentos para lograr que los Congresos de esas naciones den luz verde al voto en el exterior.

Es tiempo que los países de América Latina concedan a los inmigrantes este derecho. ¿Porqué negárselo a quienes son factor principal del desarrollo de las naciones? Es un derecho bien ganado y una obligación moral que tienen los gobiernos para todos aquellos compatriotas que tuvieron que salir porque no les pudieron ofrecer condiciones para una vida digna: trabajo, educación, vivienda, estabilidad política.

¡El voto sin frontera es un derecho inalienable y no debe ser postergado por causa de intereses partidarios mezquinos o las sempiternas burocracias estatales!