La reciente decisión del Departamento de Justicia de obligar a todos los inmigrantes a notificar al INS cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días en que se produzca la mudanza so pena de sancionar con la deportación a quienes no cumplan con la orden, es otro ejemplo de cómo las libertades y derechos ciudadanos están siendo vulnerados en el país bajo la excusa de la declarada guerra contra el terrorismo.

Esta medida se suma a los dispositivos de inteligencia y a las prerrogativas excepcionales que viene implementando la Casa Blanca y que incluyen, entre otras cosas, la detención secreta de centenares de personas y la deportación de otras.

En Massachusetts, tenemos un ejemplo de lo que está ocurriendo en el resto del país. La suerte que viven 19 indocumentados que fueron detenidos en el Aeropuerto Logan hace más de 6 meses, es muestra clara de cómo actualmente los inmigrantes pueden ser víctimas de la histeria colectiva que sacude a Estados Unidos desde septiembre 11.

A pesar de que las autoridades judiciales han establecido que ninguno de estos inmigrantes –la mayoría trabajadores de limpieza- es sospechoso de asociación con el terrorismo o cualquier crimen serio, todos ellos enfrentan cargos de felonía y podrían sufrir 10 años de cárcel y un seguro proceso de deportación.

Después de mantenerlos en la cárcel varios días, fueron liberados y pende sobre ellos un juicio. Mientras llega el momento de ese proceso, los 19 inmigrantes viven en condiciones tales que les han hecho prácticamente imposible que puedan conservar sus trabajos. Esas condiciones impuestas por la justicia incluyen estar sujetos a brazaletes especiales para ser rastreados electrónicamente, permanente presencia de custodia y obligación de reportarse ante el juzgado tres veces a semana durante las horas de trabajo. Como ellos, en todo el país hay miles de inmigrantes detenidos en las mismas condiciones.

Las medidas recientemente dispuestas, sumadas a otros proyectos en debate, han provocado la reacción de numerosas organizaciones defensoras de los derechos civiles, las que advierten el giro peligroso que va tomando la guerra interna contra el terrorismo.

Tal como están las cosas, las libertades civiles se van reduciendo mientras que crece el número de sospechosos. Hoy, son los inmigrantes los que están bajo la lupa de las autoridades, mañana serán todos los ciudadanos los que estarán obligados a reportar sus movimientos.

Desde su origen como nación, Estados Unidos abrió las puertas a los inmigrantes. Ellos se integraron a la vida política, cultural y económica del país, al mismo tiempo que aportaron sus culturas, religiones y tradiciones.

A pesar de las épocas negras del “macarthismo” de la guerra fría y el racismo contra las minorías negras, Estados Unidos ha tenido a través de su historia una tradición fecunda en la lucha por la igualdad de derechos, la tolerancia y el pluralismo.

Esa es la razón por la que resulta tan importante que las acciones del actual gobierno por defender al país del terrorismo no desvirtúen estos principios democráticos que han sido faro de luz para el mundo, ni conduzcan a la confiscación de las libertades civiles bajo el pretexto de mantener una dudosa seguridad interna.