En poco tiempo el mundo todo estará convocado innecesariamente a presenciar impotente el que podría ser uno de los más dolorosos, traumáticos y repudiables espectáculos de sangre al que haya asistido la humanidad en su historia reciente.

La cerrazón y sinrazón han obnubilado y obsesionado al Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y su corte de halcones de la guerra que ha tipificado a esta administración.

La obstinación guerrerista de Bush hace aparecer como irreversible el estallido de la guerra, comenzando por Iraq, en donde es casi seguro —y sin quizás que valga—, estaremos como espectadores del más despiadado ataque militar contra una nación en la historia contemporánea.

De las consecuencias no quiero ni pensar y mucho menos hablar, pero sí me aventuro a adelantar que podrían ser muy dolorosas, no sólo para Iraq y Estados Unidos.

La neurótica conducta de Bush hacia Saddam Husseim ha tenido los más diversos encasillamientos: desde la retaliación de índole personal, pasando por la aún no probada responsabilidad iraquí en la fabricación de armas químicas y destrucción masiva y sus supuestos vínculos con la gente de Osama Bin Laden, hasta la acción bucanera que pretende saquear el petróleo de esa nación, la segunda mayor productora del mundo.

Pero además hay que incluir este accionar de la Casa Blanca como una especie de cortina de humo que busca sacar de la discusión temas como el económico, los problemas financieros de grandes corporaciones que han ido a la bancarrota ante un dudoso comportamiento de la administración Bush y cuyos lodos salpican a funcionarios de alta jerarquía, situaciones que de otra manera terminarían reflejándose en el resultado electoral de noviembre.

Cual que sea la excusa que se use para “justificar” esta descabellada acción militar, los cierto es que Bush ha llegado incluso a desnaturalizar la función que debía tipificar al ejecutivo estadounidense, que no es otra que la de “preservar la paz” hasta que haya una declaración de guerra, una responsabilidad que la Constitución norteamericana otorga, en casos como éste, única y exclusivamente al Congreso.

Contrario a ello, Bush, mientras cabildea en el Congreso para que le suelte la brida, hace lo propio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este afán de guerra lo ha llevado a un frenesí provocador, con el Primer Ministro de Gran Bretaña, Tony Blair como aliado, quien por demás vergonzosamente se comporta como fiel perro faldero que obedece ciegamente a los mandatos de Bush, aún sin importar a ninguno de los dos la catastrófica repercusión política que su descabellada acción militar puede tener hacia el interior de ambas naciones, y mucho más en la opinión mundial.

En su tarea de obtener “patente de corzo”, Bush ha llegado al extremo de la extorsión y el chantaje político contra la mayoría demócrata en el Senado, a quienes ha insinuado el calificativo de “traidores a la patria”, sólo para que no le perturben su empeño de pretender ajustar una cuenta familiar en nombre del poder que ha puesto en sus manos la nación norteamericana.

En esa tesitura, el mandatario no ha escatimado medios, no importa cuales, en obligar al Congreso a que en vez de una autorización de guerra limitada en el espacio, el objetivo y el tiempo, lo que en espíritu se refiere a la defensa y represalia. Quiere la declaración formal. La de manos libres para la acción militar sin límites ni condiciones. Es decir, sin ningún tipo de limitación, justo lo que mueve la cuna de la preocupación de la humanidad.

Tanto es que a Bush y sus halcones de guerra la historia de Estados Unidos les importa un comino, y es por ello que en su obsesión frente al Congreso, ni siquiera se considera una opinión tan valiosa como la de Hamilton en 1778, y que tiene tanta validez como si la hubiese dado hoy mismo, cuando planteaba la necesidad integracionista de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Esto, de acuerdo a Hamilton, le daría a la nación una “autoridad concurrente en los casos relacionados”, refiriéndose específicamente al tema de la guerra, motivado en la confrontación bélica que al momento se daba entre Gran Bretaña y Francia y para la que Estados Unidos hizo una declaración de neutralidad.

Incluso, sobre el mismo tema decía Madison que el Ejecutivo no tiene derecho a decidir si hay motivo o no para Estados Unidos ir a una guerra, destacando que la función del Presidente en caso como el que nos ocupa es el tratar de convencer al Congreso, siempre que fuera necesario tomar la decisión.

Claro que la manera en que la Casa Blanca ha manejado el tema de Iraq frente al Congreso tiene el evidente propósito, además de hacerle cómplice de las consecuencias de esta inminente agresión, de carambola anularle al Legislativo el poder de acusación que le otorga la Constitución cuando se entiende que el funcionario, incluido el Presidente, ha incurrido en traición, cohecho o cualquier acción en perjuicio de la nación.

Cual que sea la decisión final que pudiera tomar el Congreso, acerca de la autorización de guerra ilimitada que reclama Bush, debe entenderse que nunca como hoy es válida la teoría de Jefferson y Madison de que la “sensibilidad respecto a la opinión mundial” debía ser característica de un gobierno prudente, una cualidad que lamentablemente hay que concluir en que está bastante ausente en la administración Bush.

Ojalá que a la salida de esta entrega todavía estemos a tiempo de evitar a la nación nuevos errores y locuras que en el pasado se han pagado muy caros, precisamente por la falta de justicia y justeza.

Y la manera de evitar lo que parece se consigue con algo tan simple, pero muy significativo, es que las decisiones previamente fueran consideradas de acuerdo con el criterio probable del sector informal de la humanidad, tal y como lo plantea Arthur M. Schlesinger, Jr. en su libro “La presidencia imperial”.
De lo contrario, que el Señor nos agarre confesados ante esta nueva aventura presidencial.