PROVIDENCE, R.I. — Un grupo de comerciantes de origen hispano con negocios instalados desde hace más de 14 años en una manzana de la Broad Street, se quejó recientemente de que los quieren despojar de sus negocios para dar paso a una nueva construcción que ellos suponen es un centro comercial, sin habérseles dado información previa al desalojo.

Los comerciantes se enteraron por medio de una carta que les fue enviada de City Hall comunicándoles que deben desalojar los locales antes del primero de diciembre y sentenciándolos a pagar los 500 dólares que ellos pagan todos los meses.

Según informaciones obtenidas por los comerciantes después de recibir la carta, el trabajo de demolición para dar paso a una nueva construcción en que funcionará un centro comercial, estaba planificado por dos años. Hasta ahora no se habían enterado de esos planes, ni habían sido informados de que los desalojarían del lugar y mucho menos se les había incluido en los planes que se ejecutarán.

“No sabemos lo que ellos piensan hacer aquí, ellos no nos han dicho nada, solo nos han dicho que tenemos que desalojar los locales antes del primero de diciembre”, respondió Milagros Mieses, propietaria de la Botánica San Pedro al cuestionársele el por qué del desalojo. “Tengo 10 años con este negocio en este lugar y la señora a quien le compré el negocio tenía 6 años más”, indicó.

“Nosotros hemos hecho aquí un punto comercial, eso tiene un valor y eso debe de ser considerado. A nosotros hay que tomarnos en cuenta para los planes de construcción de nuevos locales. Cuando nosotros empezamos aquí, no había casi negocios, parece que ahora quieren desalojar a los hispanos de la calle Broad”, enfatizó Mieses.

Por su parte el señor Micke, un afroamericano propietario de una tienda de disco ubicada en el complejo comercial, se quejó así: “Esta es la primera vez que recibo una carta indicándome que tengo que desalojar antes del primero de diciembre de este año. Tengo varios años con este negocio; yo no puedo desalojar el negocio, no sé qué voy a hacer con la mercancía que tengo ahí; eso es una injusticia. Hace más o menos un año traté de comprar el edificio para rehabilitarlo y me comentaron que no podían vendérmelo y me informaron que harían una Plaza comercial; pero nunca más me informaron nada y no me han tomado en cuenta para el proyecto que piensan realizar”.

Francisco Ogando (Reymon), propietario de Reymon Taylor Shop, dijo lo siguiente: “Tengo 15 años desempeñándome en este negocio y ahora me ha llegado un aviso de desalojo a mí y a los dueños de negocios vecinos, y nosotros no sabíamos nada con respecto a los planes que tienen con estos locales y el desalojo”.

Ogando comunicó además que la City Council del Distrito 11 tiene un programa (un proyecto) a desarrollar aquí en área donde se piensa demoler los locales y se construirá una plaza comercial. “Hace dos años que se estaba gestionando; pero a nosotros no nos han comunicado oficialmente este plan. No nos han invitado a reuniones; en ningún momento nos han enviado comunicaciones... tampoco hemos tenido contacto con el equipo que está haciendo arreglos de construcción”, expresó.

“A nosotros se nos están violando los derechos que nos corresponden. Tengo 15 años en este negocio, y ahora esa señora se asomó al negocio. Yo no conozco a esa señora. Ninguno de los otros comerciantes de aquí conoce a esa señora”, dijo Ogando al referirse a la concejal del Distrito 11, Barbina Young. “Nosotros queremos denunciar este atropello que nos están haciendo, porque al no comunicarnos sobre esa demolición, y la primera carta que recibimos es de desalojo, nos damos cuenta que es un atropello y por eso lo estamos denunciando”, dijo Ogando enfáticamente.

Alerta a la comunidad
“...Queremos hacer de conocimiento público a toda la comunidad que la City Council del Distrito 11, Barbina Young, no nos está tomando en cuenta como comunidad, porque para hacer un proyecto de esa magnitud, tenemos entendido que ella tiene que reunirse con por lo menos el vecindario de los 200 metros más cercanos al proyecto que se va a desarrollar para ver si nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o por lo menos que se nos tome en consideración para este proyecto”, agregó Ogando. “Ella está haciendo las cosas a espaldas de todos nosotros y no ha tenido la cortesía ni la gentileza de venir donde nosotros a comunicarnos nada”, puntualizó Ogando.

Por otro lado, Aris Batista, propietario de una compañía de venta y servicios de aparatos de comunicación, lleva 8 años con un local alquilado en la manzana y aseguró que él personalmente no recibió la carta y que parece que se extravió en el correo; pero dice que ha visto otra cara que habla del edificio completo y que se siente muy mal por esa situación.

“Lo peor del caso es que no tenemos información de nada, yo he oído rumores, nada oficial de que se piensa desarrollar esta área. Yo considero que nosotros merecemos que nos incluyan en esos proyectos, porque si es para ayudar a la comunidad y son 4 negocios y se nos manda para la calle, entonces ¿cuál es la ayuda que se está dando a la comunidad si nosotros hemos estado aquí 10 y hasta 15 años”, se quejó Batista.

“Nosotros lo que queremos es que se nos incluya en cualquier plan que se esté por ejecutar y a las personas que nos representan que por favor que nos ayuden con esta situación, no sabemos lo que está pasando”, solicitó Batista.

Un llamado a las autoridades
“Nos sentimos bien preocupados por esa situación y queremos hacer un llamado a las autoridades competentes del Estado a que vean esta situación y que traten de buscarle una solución. Nosotros no estamos en contra de que se desarrolle esta área, lo que queremos es que se nos incluya en el proyecto. Nosotros lo merecemos, hemos estado en lo bueno y en lo malo de la Broad, nosotros hemos sido parte del desarrollo de la Broad a lo largo de los años”, concluyó Batista.

A esta situación se agrega que en el complejo hay también una Iglesia Cristiana y hasta el momento de recoger los datos los integrantes del ministerio no sabían que los van a desalojar y que además el anterior propietario les hizo exigencia de que pagaran la mensualidad y no les comunicó lo que estaba pasando. ‘Voz que clama en el desierto’, se llama la Iglesia, compuesta mayormente por religiosos de origen hispano y de escasos recursos económicos, quienes con mucho esfuerzo mantienen el local y hasta ahora han pagado mes por mes el alquiler durante 5 años que tienen funcionando allí.