Padres y organizaciones defensoras de los derechos civiles decidieron continuar en una corte estatal la lucha por conseguir que el MCAS no sea un requerimiento obligatorio para obtener el diploma de graduación de la escuela secundaria. A más tardar este viernes, ellos presentarán una nueva demanda ante un juez del estado.

El lunes pasado, el juez federal Michael Ponsor declinó reglar sobre la causa interpuesta por 6 estudiantes de Springfield, Holyoke y Northampton, quienes fueron desaprobados del examen del MCAS alegando que la demanda tiene demasiados elementos que se relacionan con las leyes estatales y, por lo tanto, deben ser vistas por una corte estatal.

Sin embargo, tras dos horas de analizar todos los puntos que rodean la causa, Ponsor anunció que mantendría jurisdicción sobre el caso, lo que permitirá a los demandantes regresar a su tribunal si no consiguen que la corte estatal resuelva con prontitud.

Al pronunciarse sobre el caso, Ponsor reconoció que los estudiantes habían presentado una firme evidencia de que el Departamento de Educación del estado y el comisionado Driscoll se habían apartado del Acta de Reforma de la Educación cuando ellos decidieron imponer el MCAS como un requisito obligatorio para la graduación sin contar con la aprobación de la Legislatura.

“Nos animó mucho la forma en que el juez vio este caso. El se sensibilizó mucho con la difícil situación que atraviesan los estudiantes que han sido aplazados en el MCAS y no podrán recibir sus diplomas”, comentó Jane López, abogada de META, una de las instituciones que presentó la demanda contra el Departamento Escolar del estado.

La querella presentada por los estudiantes y las organizaciones de derechos civiles, dice que las escuelas no han impartido una adecuada enseñanza a los alumnos para que puedan pasar el MCAS. También alegan que es ilegal hacer del examen un requisito obligatorio para conseguir la graduación en la escuela secundaria.

Más de 12 mil estudiantes de todo el estado no han podido pasar el MCAS. La mayoría de ellos son hispanos y negros americanos.

En la demanda se acusa al Departamento Escolar y al Comisionado de Educación de discriminar contra los estudiantes de las minorías e imponer el MCAS a sabiendas que esos alumnos no podrían pasar el difícil examen.

“Ellos sabían muy bien que los latinos y los negros americanos fracasarían. Incluso, conocían perfectamente las preguntas que eran difíciles para ellos y las que pasaban con mayor facilidad. Algunas de las preguntas donde los estudiantes afroamericanos salían bien, fueron eliminadas del MCAS. Si hubieran querido hacer bien las cosas, antes de implementar la prueba las autoridades deberían haber realizado ensayos para calibrar sus dificultades”, explicó la abogada de META.

El tiempo apremia
Durante su exposición final del lunes 2 de diciembre, el juez Ponsor advirtió que el tiempo estaba apremiando y expresó su preocupación por que los estudiantes que encabezan la demanda puedan ser escuchados antes de la graduación.

En junio próximo finalizan los cursos anuales y los distritos escolares del estado tendrán que resolver qué posición tomarán con aquellos estudiantes que no pasaron el MCAS y legalmente están impedidos de recibir su diploma.

“Para el estado de Massachusetts esto se puede tornar en un problema de seguridad. ¿Qué pasará con los 12 mil estudiantes que fueron desaprobados? ¿Ellos serán lanzados a las calles, quedando expuestos a toda clase de peligros?”, preguntóse Jane López.

Muchos miembros de los comités escolares de los diferentes distritos están expresando su preocupación sobre las consecuencias que pueden devenir de la rigidez con que los oficiales de educación del estado vienen manejando el tema del MCAS.

Las autoridades escolares de Cambridge amenazaron que darían de todos modos los diplomas a los estudiantes que fallaron la prueba. Sin embargo, la medida no prosperó luego que el Departamento de Educación del Estado amenazara al distrito con demandarlo para que cumpla con la ley.

Pedro Arce, miembro del Comité Escolar de Lawrence, dijo que esa institución se encuentra en pleno debate sobre los pasos a dar.

“De hecho, no podemos cambiar la ley pero podemos luchar para hacerles entender a las autoridades que no es justo negarles a los estudiantes sus diplomas porque no pasaron el MCAS. La solución de todos modos es a largo plazo”, comentó.

A su juicio, antes de someter a los estudiantes a una situación como la que ahora están viviendo, Arce piensa que se debe implementar medidas drásticas para los profesores, entre ellas, exigirles certificado de maestría para aquellos que enseñan matemáticas (aritmética, álgebra).

Los próximos pasos legales que darán los estudiantes y sus defensores en la corte federal darán, sin duda, nueva luz al problema. No obstante, las cosas no serán fáciles. El juez que tome el caso estará sometido a presiones políticas de consideración y deberá resolver entre darles la razón a los demandantes, poniéndose en contra de las autoridades educativas del estado o reglando a favor de cumplir fríamente con la ley, echándose al hombro la pesada carga de negarles un futuro a los 12 mil alumnos que no pudieron pasar la cuestionada prueba.